España depende en un 75% de la importación de energía, y
las Empresas de energías renovables españolas están listas para asumir el reto
de asegurar el suministro energético, reduciendo emisiones nocivas , y
generando riqueza y empleo, con un mejor aprovechamiento de los recursos
energéticos renovables autóctonos (tecnologías limpias e inagotables)
Sin embargo –denuncia la Asociación de Empresas de
Energías Renovables, APPA, creada en 1987-, el sector renovable español, que
empezó situándose entre los líderes mundiales, ahora está paralizado y en
crisis –después de que se suprimieran los incentivos en 2013, recortando su
retribución en un 30%-, por la política energética de los últimos gobiernos
(una moratoria para la energía renovable, más una serie de reformas eléctricas
que han dañado seriamente, y desincentivado,
la utilización de energías renovables (en 2014 y 2015 se han instalado
71 MW, cuando en 2012 y 2013 el aumento fue de 5.180 MW).
Incentivar el desarrollo de las energías renovables
requiere un marco regulatorio –estable a
largo plazo- que permita recuperar la seguridad jurídica y la confianza de los
inversores, reduciendo la alta fiscalidad que sufren las empresas del sector
–paradójicamente, con impuestos “medioambientales”-, y favoreciendo un sector
ya maduro tecnológicamente, económica y socialmente competitivo frente a la
generación de electricidad con combustibles fósiles (aunque estos sigan sin
incluir en sus costos las graves externalidades que ocasionan sobre el medio
ambiente y la salud de las personas)
En 2014, las tecnologías renovables –incluyendo las
grandes centrales hidroeléctricas- cubrieron el 43% de la demanda de
electricidad (eólica 20%, e hidráulica 15%); en cuanto a potencia instalada,
que en 2014 era de 107.954 MW (32.850 MW Renovables : eólica 70%, solar
fotovoltaica 14,2%, solar termoeléctrica
7%, minihidráulica 6,4%, y biomasa 2,3%)
Parece que la política energética se esfuerza –como
ocurre en otros países- en prolongar los beneficios de los intereses de los
combustibles fósiles, desatendiendo las indicaciones de la Unión Europea, y
perjudicando gravemente a todos los consumidores españoles.
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