La
mayoría de los ciudadanos europeos respira aire que la OMS considera
perjudicial para la salud (European
Environment Agency (EEA), 2015, Air quality in Europe – 2015 report)
El
aire contaminado, ya endémico en las ciudades europeas, causa +600.000 muertes
prematuras anualmente (20 veces más que los accidentes de tráfico), y ocasiona
un costo de €1 Billón (millón de millones) cada año; (European Commission, 2013, The Clean Air Policy Package Impact
Assessment)
Cuando
estalló el escándalo DieselGate (en
2015, descubriendo el falseamiento de la homologación de emisiones realizado
por VW) había en Europa 30 millones de vehículos diésel contaminantes
circulando; en 2018 ya superan los 50 millones (Informe “Coches con motores: ¿podrán ser limpios alguna vez?, de Transport & Environment, Sep.2018).
¿Y qué hacen los responsables de evitarlo?
Los ayuntamientos de las grandes
ciudades europeas, respondiendo a la alarma social creciente que se está
produciendo a medida que se conoce la magnitud del daño causado por las
emisiones tóxicas, y para evitar reclamaciones judiciales por no hacer lo que debieran, preparan Planes con prohibiciones y multas de acceso a sus centros
congestionados, para los vehículos diésel.
Los
fabricantes –cada vez con menos reputación y confianza entre los clientes-
siguen negando el exceso de emisiones, así como su responsabilidad en el grave daño
constatado que sus vehículos están causando a la salud pública, y se
desentienden de la compensación de los daños causados, e incluso de la posible
corrección de sus vehículos vendidos (hasta 2018, los jueces solo han
conseguido que VW lo acepte en E.U. -con multa de 20.000 millones de €-, y los fabricantes alemanes en Alemania -VW, con multa de 1.000 millones de €-).
Los
vendedores siguen afirmando descaradamente que sus vehículos son “limpios” (sin ninguna
evidencia), temerosos de que el mercado se desplome (el mercado de coches
nuevos diésel ha caído en poco tiempo del 55% al 35% (ACEA, Fuel types of new cars: diesel -15.5%,
petrol +19.8%, electric +43.8% in second quarter of 2018, September 2018)
Y los
ciudadanos, aguantando: los que adquirieron vehículos diésel, ven preocupados las amenazas de
prohibición de circulación por el centro de las ciudades, además de la fuerte
depreciación que están experimentando en el mercado de coches usados; y los demás, mal informados y peor defendidos, apenas se enteran del daño que les están haciendo.
Mientras,
en 2017-2018 avanza lentamente el castigo del mercado y la Justicia sobre los
fabricantes responsables del trucaje de emisiones tóxicas de sus vehículos –vendidos
por millones-:
-VW ha sido
multado en E.U. y en Alemania (20k y 1k
Ms de €. respectivamente) (Reuters,
Volkswagen fined one billlion euros by German prosecutors over emissions
cheating, June 2018)
-Los
Fabricantes alemanes han aceptado “corregir” sus vehículos vendidos (5
millones), ( Financial Times, German
carmakers to upgrade 5m diesel vehicles to curb emissions, August 2017), y
pagar un Fondo “para el aire limpio” (Reuters,
Germany weighs joint fund with automakers
to refit diesel cars: Spiegel, April 2018). (Todavía -2018- no aceptan
su responsabilidad sobre los vehículos vendidos en otros países, como hacen el
resto de los fabricantes)
-Crece
la preocupación en países de Europa Central y Este, que se ven amenazados por
una oleada de importaciones de vehículos diésel usados contaminantes (T&E, Dirty diesels heading East, April
2018), (Handelsblatt Global, Eastern Europe's appetite for dirty old diesels,
April 2018), sobre todo en Bulgaria y Polonia (Deutsche Welle, Germany's dirty diesel cars en route for Eastern
Europe, August 2017), a medida que los ciudadanos de Europa occidental
comienzan a rechazarlos
-NADA
se dice acerca de la responsabilidad de seguir fabricando y vendiendo vehículos
contaminantes ilegales, a pesar de la evidencia acumulada sobre el grave daño que está
ocasionando la contaminación que siguen produciendo
-Y
apenas se inicia la acción legal ciudadana ante los tribunales, contra
fabricantes, vendedores (y autoridades locales), por incumplir (y por
permitirlo) la normativa legal de emisiones de vehículos, reclamando daños y
perjuicios.
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