La contaminación del aire urbano, principal riesgo grave para
la salud de los ciudadanos en la Europa de 2018, es ilegal, inmoral y letal:
·Ilegal, porque supera los límites que establece la Normativa vigente;
·Inmoral, porque es emitida de manera
fraudulenta por los omnipresentes vehículos
diésel –el mayor parque diésel del mundo, que ha falsea sus homologaciones
oficiales de emisiones-; y
·Letal, porque es causa directa
de millones de enfermedades respiratorias, cardíacas y cáncer, ocasionando más de medio
millón de muertes prematuras anuales en Europa, además de un enorme perjuicio
económico -que el Banco Mundial evalúa
en un 3,5% del PIB-.
En España, las emisiones tóxicas que envenenan el aire
urbano causan 31.520 muertes prematuras cada año (datos 2015 de la Agencia Europea del Medio Ambiente, Informe
Air
Quality 2017 TH-AL-17-016-EN-C.pdf , cifras que la OMS casi duplica). Como referencia, las muertes ocasionadas por la
lacra de los accidentes de tráfico, fueron 1.160 en 2017: es decir que el envenenamiento del aire urbano mata treinta veces más personas que la
carretera: ¿y qué hacen nuestras
Autoridades para contener, paliar o reducir tal catástrofe?
La actual escandalosa descoordinación entre las Administraciones responsables (Medio Ambiente,
Comunidades y Ayuntamientos), ha creado un auténtico caos, que multiplica costos
e ineficacias: ·triplican sin control instalaciones de medida y mediciones;
·cada uno establece, también arbitrariamente, sus particulares límites y
alarmas (ignorando prácticas y reglamentaciones internacionales sobre
calidad del aire, ya científicamente admitidas);
·no informan de los niveles y peligros de
los contaminantes tóxicos, como expresamente obliga la Directiva de la U.E.
2008/50/EC (p.e., los contaminantes del aire más peligrosos son las
Partículas materiales finas en suspensión –las llamadas PM2,5 y PM10, por su
tamaño en micrómetros-, 10 veces más
dañinas que el NO2) ;
·“inventan”
Planes de actuación, costosos e inútiles, que producen vergüenza ajena (p.e., el
“Plan A” del Ayuntamiento de Madrid, de ¡ 544 millones de € !); etc., etc. Y, por si todo esto fuera poco, ·retrasan (hasta 2021) la aplicación de la nueva Norma de homologación
de emisiones WLTP, más ajustada a la realidad que la actual y obsoleta
NEDC.
¿Quién ha conseguido que el Gobierno Sánchez (Consejo de
Ministros de 31.08.18) amplíe el período transitorio, retrasando la puesta
en vigor de la nueva Norma WLTP hasta 2021?.
¿Quién se beneficia del
retraso?
Desde luego, no los ciudadanos, a los que la
nueva Norma defiende –midiendo con más rigor las emisiones tóxicas de los
vehículos, y castigándolas con mayor impuesto -.
Lo
cierto es que, hasta que los vehículos que más horas circulan por nuestras
ciudades –autobuses, taxis, furgones de reparto, etc., que ruedan impunemente a
pocos metros de peatones, viviendas, colegios y hospitales-, no sean
de “emisiones CERO“ en el lugar de uso –es decir, eléctricos:
más baratos de fabricar, operar y mantener-, se seguirán provocando más de treinta mil
muertes cada año.
(Un ejemplo, para
los que dicen que "no saben qué hacer": la
megaciudad china de Shenzhen -14 Millones de habitantes-, ya tiene todos sus autobuses y taxis, Eléctricos:
16.500 y 12.500, respectivamente, con notables ahorros, económicos y de
emisiones tóxicas, constatados -ICCT: Washington DC, 2017, http://www.theicct.org/EV-capitals-of-the-world -).
El actual caos organizativo que rodea el envenenamiento del aire que respiramos, es un grave problema de
salud pública, de consecuencias trágicas, que está necesitado de que el Gobierno sea
capaz, de una puñetera vez, de poner un poco de orden, para beneficio de todos
los ciudadanos –antes de que, en pura defensa propia, comencemos las
demandas judiciales por daños y perjuicios contra quienes pueden evitar este crimen, y no lo hacen (Ayuntamientos, Autonomías, Gobierno)-.
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